Por J. Alejandro Gamboa
En México ya no se vende comida chatarra dentro de las escuelas de nivel básico. Ese fue, sin duda, un avance importante. Reconozcámoslo. Después de años de lucha por parte de activistas, nutriólogos y algunas madres hartas de ver a sus hijos alimentarse con puro empaque, hoy existe una política nacional que prohíbe estos productos en las cooperativas escolares.
Pero hay un problema tan grande como vergonzoso: afuera, en la banqueta, la tiendita o el carrito improvisado, sigue la fiesta tóxica. Sal de una primaria pública a las once de la mañana y verás el menú: botanas infladas de aire y sal, bebidas azucaradas a 10 pesos, dulces ácidos, pastelillos que duran meses sin pudrirse.
Lo peor no es que existan, sino que se venden a las puertas mismas de los centros educativos, como si el perímetro escolar fuera una frontera simbólica que se respeta con cinismo.
Entonces yo pregunto: ¿de qué sirve educar si afuera se reproduce el veneno? ¿De qué sirve un aula limpia si el entorno es un campo de guerra nutricional?
Veamos. ¿La salud pública está secuestrada por la industria y el ambulantaje?
El problema no es, en el fondo, sólo la tiendita informal o el ambulante de la esquina. Es más profundo y más sucio: las grandes corporaciones cabildean constantemente en el Congreso y en las dependencias federales para debilitar cualquier intento serio de regulación alimentaria. Coca-Cola, Bimbo, Nestlé, PepsiCo... todas han invertido millones en estrategias de relaciones públicas, lobbying, estudios amañados y campañas de desinformación para frenar políticas como el etiquetado frontal, el impuesto al refresco o la ampliación de zonas libres de comida chatarra.
Y lo peor es que lo logran. Capturan reguladores, compran voluntades, imponen narrativas. Los datos que incomodan no son exageraciones. Son cifras duras:
Más del 75% de los adultos en México tiene sobrepeso u obesidad.
Entre los niños de primaria, 1 de cada 3 tiene exceso de peso.
La diabetes tipo 2 es ya una epidemia nacional, con más de 12 millones de personas afectadas.
El costo anual de atender enfermedades relacionadas con la mala alimentación supera los 240 mil millones de pesos, según el Instituto Nacional de Salud Pública.
Esto no sólo nos enferma. Nos empobrece como nación.
Al respecto, una propuesta necesaria es blindar la escuela y su entorno, ampliar la educación en salud y ampliar campañas de concientización para permear en la cultura alimentaria.
Ya no basta con regular lo que se vende dentro de los planteles. Hay que blindar el entorno escolar. Las escuelas no son islas: están insertas en barrios donde la comida basura domina, porque es barata, adictiva y omnipresente.
Se trata de proponer una reforma directa: prohibir la venta de alimentos ultraprocesados en un radio de 300 metros alrededor de todas las instituciones educativas del país. Así de claro. Así de contundente.
Y que nadie venga con el cuento de la “libertad de elección” o el “sustento familiar para vender chatarra”. Porque esa supuesta libertad se construye sobre cuerpos enfermos, y ese sustento se paga con años perdidos de vida.
Si vamos a educar, hagámoslo bien. Enseñemos con el ejemplo. Formemos generaciones que entiendan que la salud no se negocia, que la comida no puede ser una trampa, que no hay desarrollo sin nutrición digna.
Porque no se trata de moralismo alimentario, sino de justicia social. Y porque ya basta de educar con veneno en la puerta.
Por. J Alejandro Gamboa. A partir de un conflicto vecinal aparentemente menor —el volumen de una bocina que inunda la calle—, este artículo reflexiona sobre una tensión cada vez más visible en nuestra vida cotidiana: la dificultad de conciliar los gustos personales con el respeto al entorno compartido. Desde lo legal hasta lo filosófico, pasando por lo sociológico y lo emocional, esta lectura explora cómo el bienestar común se ve comprometido cuando la libertad se confunde con egoísmo, y cómo el concepto de ciudadanía se diluye ante la defensa radical del “yo hago lo que quiero”. Hace unos días, viví en carne propia un micro conflicto tan cotidiano como revelador, que me sirve de pretexto para hablar de los derechos, la ciudadanía y el bien común. Hace algunas semanas, pedí en el grupo de WhatsApp de mi calle que un vecino bajara el volumen de su bocina, que a todo volumen resonaba por la cuadra. No había agresión en mi mensaje, sólo una solicitud razonada: si la música sólo es de...
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